Sony ante los tribunales: un «consumidor razonable» sabe que no es dueño de sus juegos

Sony ha respondido a la demanda que cuestiona el funcionamiento de la PlayStation Store con un argumento incómodo para quienes compran allí: cualquier «consumidor razonable» sabe que lo que adquiere son licencias de acceso a los juegos, y no los juegos en sí.

La demanda la presentaron cuatro jugadores en junio y sostiene que la tienda infringe la legislación californiana, porque transmite al usuario que está comprando algo cuando en realidad solo lo está licenciando. La compañía replica que eso figura con claridad en los términos y condiciones de la plataforma.

El argumento de los dos compradores

Sony no se quedó ahí y añadió una lógica propia: si no se vendieran licencias, solo una persona podría acceder a cada juego digital del catálogo.

«En la era digital, no es plausible alegar que los consumidores razonables creyeran que estaban adquiriendo la 'propiedad' de un juego digital. Si ese fuera el caso, entonces el demandante Edward Heycock no habría podido obtener el juego Resident Evil Requiem el 25 de febrero de 2026 por $69.99 de PlayStation Store después de que el demandante Jason Mendoza hubiera obtenido Resident Evil Requiem el 14 de febrero de 2026, porque el Sr. Mendoza, no Sony, habría sido el propietario en ese momento»

Visto así el razonamiento se sostiene: sin un sistema de licencias no habría distribución digital posible, porque cada copia vendida sacaría el título del catálogo para todos los demás. Otra cosa es que eso responda a lo que de verdad preocupa a los jugadores, que no es cómo funciona la tienda por dentro sino qué pasará con lo que ya han pagado.

Lo que hay detrás: 2028

El contexto pesa más que la demanda concreta. Sony ha decidido acabar con los juegos físicos de PlayStation a partir de 2028, y un catálogo solo digital cambia por completo el planteamiento. Si el jugador no es realmente dueño de su copia, tarde o temprano se le puede retirar el acceso sin que tenga forma de evitarlo.

La demanda la firman cuatro personas, pero la inquietud sobre el futuro de las bibliotecas personales es mucho más amplia, y buena parte de ella ni siquiera está recogida en el escrito judicial. Reducirla a si uno es o no un «consumidor razonable» suena a subestimar al comprador. De paso, el salto al cien por cien digital se lleva por delante el mercado de segunda mano que la propia Sony llegó a celebrar.